miércoles, 27 de octubre de 2010

Néstor Kirchner un patriota Argentino y Latinoamericano

Néstor Kirchner un patriota Argentino y Latinoamericano

Nos deja un compañero de lucha, pero queda su huella en este camino que estamos transitando. Pensar en Perón y Evita es como decir Néstor y Cristina. Las transformaciones que ha vivido el país en estos siete años no sólo es a nivel de la creación de derechos sino de conciencia, esos dos elementos están juntos; quizás por eso tanta resistencia de los poderes económicos, comunicacionales y de sus conspicuos representantes. Néstor tuvo la fuerza, entereza y decisión de enfrentarlos. Rescatando y levantando los ideales de su generación puso fin a las leyes de obediencia debida y punto final, declarando la inconstitucionalidad de los indultos.
En el terreno económico el desempleo de dos dígitos que heredo, lo redujo a un digito; el PIB creció a un 8,8% promedio anual durante su gobierno; la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso se reduce; política que se profundiza durante el gobierno de la compañera presidenta Cristina Fernández con la implementación de la asignación universal por hijo y la incorporación de dos millones nuevos jubilados que estaban excluidos del sistema jubilatorio (las amas de casa). De esta forma la cantidad de adultos mayores incluidos dentro del sistema previsional pasa del 52 por ciento a una cifra mayor del 90 por ciento. Durante el gobierno del compañero Néstor Kirchner el país salio de la cesación de pagos, reestructurándose la deuda externa por medio de una quita superior al 50% (dependiendo del bono canjeado) y el pago anticipado de la deuda al FMI. Por los montos y los diferentes títulos de deuda involucrados, se considera esta operación como la más importante de la historia financiera mundial. De esta forma el país recupera la soberanía de su política económica.
Pero este patriota latinoamericano no se detiene en su batalla por la vida y enfrenta en noviembre de 2005 a George Bush Jr. en Mar del Plata en la Cumbre de la Américas, realizándose en paralelo la Cumbre de los Pueblos con la presencia del dirigente social en aquel entonces, Evo Morales, y el ALCA se fue al carajo usando palabras del presidente Chávez de Venezuela. En la construcción de la unidad latinoamericana nace el UNASUR que jugará un papel fundamental en detener intentonas golpistas en Bolivia durante el año 2008. Asumirá el compañero Néstor Kirchner en mayo del 2010 como Secretario General del UNASUR y gracias a su mediación y buenos oficios logra evitar un serio conflicto entre los pueblos hermanos de Venezuela y Colombia.
Pero la batalla continúa ahora hay que romper el monopolio informativo de desinformación. En Chile en la época de Allende era el mercurio y la papelera. En Argentina adopta otros nombres, clarín-nación-papel prensa. Surge entonce la ley de medios audiovisuales bajo la égida de Néstor y Cristina que nos permitirá decir nuestra verdad, la verdad de millones que ya no callan. Mañana esos millones harán sentir su voz diciendo: ¡Compañero Néstor Kirchner!, ¡presente!, ahora y siempre
Néstor hermano de la Patagonia, de esa argentina profunda. En tu rostro habrás sentido el viento, la lluvia y la nieve. Quizás te sentaste bajo la lenga o corriste a nuestro Ñandú o alimentado a nuestro guanaco o llama patagónica. También habrás comido calafate y sabes al igual que todo hermano patagónico, que el que come calafate ha de volver porque te vamos a extrañar.

Comisión de Organización Cátedra Libre Salvador Allende - UBA

martes, 12 de octubre de 2010

La acusación a Apablaza carece de fundamento jurídico

La acusación a Apablaza carece de fundamento jurídico
Escrito por Gustavo Ruz Zañartu.
Martes, 12 de octubre de 2010

Extraído del Clarín de Chile en formato electrónico.
Diario expropiado y clausurado por la dictadura militar chilena

La repentina pretensión de culpar a Sergio Apablaza y Enrique Villanueva como “autores” del crimen de Jaime Guzmán, ocurrido hace 19 años, es una clara expresión del predominio de los poderes fácticos en la política chilena. Prescindiendo absolutamente de la presunción de inocencia, el Presidente de la República, el duopolio MERCURIO-TERCERA y una legión de parlamentarios retoños del régimen dictatorial reclamaron -en Santiago, Buenos Aires y Ginebra- la extradición de Apablaza y el encarcelamiento de Enrique Villanueva sin que ninguno de éstos haya sido imputado durante el proceso que tuvo lugar entre 1991 y 1997, a cargo del Ministro Hugo Dolmech.
La acusación es enteramente política y carece, en absoluto, de fundamento jurídico. Pero sirve para montar una campaña propagandística, por la sencilla razón de que en Chile el Poder Judicial carece de verdadera independencia en relación al Gobierno y al parlamento que tienen en sus manos, en definitiva, los ascensos a los peldaños superiores de la magistratura.
Hasta septiembre de 2010, Enrique Villanueva, junto a su familia, actuó como cualquier ciudadano, con total transparencia, ejerció su profesión y pagó sus impuestos, recorrió el país y viajó al extranjero sin que jamás fuera interceptado en los controles fronterizos, sin ser requerido por los tribunales ni interpelado por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Y no es porque aquellos sean unos ineptos que no hayan desplegado toda su capacidad para ubicar a los responsables de los hechos, como podría deducirse del razonamiento de la UDI y cómplices concertacionistas. La razón es muy simple: Todo el aparato de seguridad nacional y el Ministro instructor del citado proceso sabían, y saben a ciencia cierta, que Villanueva no tuvo injerencia en el crimen de Guzmán.
Sólo hay una excepción que confirma la regla: En 1997 los poderes fácticos publicaron – con gran cobertura en el diario LA TERCERA – una “investigación periodística” que pretendía denigrar a Enrique Villanueva con el fácil expediente de sindicarlo como “informante” de los servicios de seguridad del gobierno de Patricio Aylwin. El reportaje contenía fotos personales, de su lugar de trabajo, etc. Pese al escándalo, ninguna autoridad del Estado ni siquiera se tomó la molestia de telefonear a Enrique Villanueva, quien de todas maneras decidió salir legalmente de Chile para proteger a su familia que recibió varias amenazas de muerte. Consultó en las agrupaciones de Derechos Humanos quienes, sabiéndolo inocente, le recomendaron abandonar el país porque no había forma eficaz de protegerlo ante un capricho de los poderes fácticos.
Salió a Venezuela y, desde allá, voluntariamente envió una declaración –como testigo- al ministro instructor, quien procedió, a continuación, al cierre del proceso.
Hizo un doctorado en economía y regresó a Santiago el año 2005, donde nuevamente verificó y confirmó ante los tribunales que no había ningún cargo en su contra, por lo que retomó sus actividades profesionales en una universidad estatal, sin que los “sabuesos” de la UDI le interpelaran jamás. ¿Es que estaban desinformados? ¿Es la mediocridad de los servicios de inteligencia militar que no “detectaron” las movidas de un “peligroso terrorista”?
Entonces cabe preguntarse: ¿qué acontecimiento tan significativo ocurrió en estos días, qué nuevos antecedentes fueron presentados para justificar la detención de Villanueva el día 27 de septiembre? La verdad es del porte de una montaña. No hubo antecedentes jurídicamente válidos. Villanueva fue arrestado como respuesta política del Gobierno de Chile ante la negativa del Gobierno Argentino a otorgar la extradición de Sergio Apablaza. Es una simple y vulgar represalia. Está en calidad de rehén. El infundio, proveniente de una cárcel brasileña por el autor confeso del crimen de Guzmán, desde el punto de vista jurídico, no lo salpica.
Los lectores tendrán presente que la República Argentina encarceló a los generales golpistas por el delito de derrocar al gobierno constitucional de Isabel Perón. La República de Chile, en cambio, sepultó con honores de Estado al general Pinochet y conservó la esencia de la constitución impuesta por la dictadura a punta de bayonetas.
Ayer eran “los martes de Merino” en que el Almirante, con toda impudicia, vomitaba cualquier basura con la certeza que nadie tenía fuerza para contestarle. Hoy, los dirigentes UDI pretenden aparecer como víctimas y dictar cátedra sobre Derechos Humanos, en virtud de su poder sobre los medios de comunicación de Chile.. La arbitraria detención de Villanueva y el montaje comunicacional en su contra otorgan plena validez a los fundamentos esgrimidos por las autoridades argentinas para no conceder la extradición de Sergio Apablaza, a quien la prensa y autoridades chilenas ya habían crucificado antes de someterlo a juicio. Con este montaje los dirigentes UDI han recuperado parcialmente la iniciativa política en Chile y han logrado, además, abrir espacios de conflicto con un gobierno argentino, cuyas realizaciones políticas y sociales están en las antípodas del modelo económico y político imperante en nuestro país.
Resulta indesmentible que Sergio Apablaza y Enrique Villanueva, junto a la mayoría de los militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, desestimaron absolutamente las acciones militares y buscaron una estrategia de movilización social y política en el nuevo escenario que se abrió en 1990, pese a la precariedad del espacio democrático instalado entonces a la medida de los poderes fácticos y del gobierno de los Estados Unidos.
Habrá que remecer la decencia, que por fortuna existe aún en amplios sectores ciudadanos, civiles y militares, sociales, políticos y culturales, para que la recta aplicación de justicia prevalezca y Enrique Villanueva recupere su libertad. Así se abrirá paso, progresivamente, la verdad, la razón y la ética de los que luchamos ayer por emancipar a nuestro pueblo de la peor tiranía de su historia, y que hoy tenemos el imperativo político y moral de desenmascarar a los poderes fácticos maquillados como demócratas y amparados en una institucionalidad que ofende a quienes encendieron la luz de la República en la alborada de 1810.

catedralibreallende@gmail.com

martes, 5 de octubre de 2010

Arauco tiene una pena


Bicentenario y causa mapuche

La herida de Chile

por José Aylwin


Frente a la protesta social mapuche por la imposición de inversiones o los impactos ambientales y culturales que estas provocan en sus comunidades, a la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en los últimos años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel a decenas de mapuche acusados de cometer actos terroristas.
El bicentenario ha dejado al descubierto una de las heridas más profundas de Chile, la de su relación con los pueblos originarios. Aunque desde el gobierno y la prensa se hayan esforzado en esconder esta herida, las celebraciones oficiales, al igual que las privadas, no han podido ignorarla.
Se trata de una herida antigua, consecuencia de la forma cómo el Estado chileno se construyó -a través de la imposición y la fuerza- sobre los territorios de estos pueblos, en muchos casos bastante después de 1810. En el caso del extremo sur, por ejemplo, el establecimiento de la soberanía chilena sobre Tierra del Fuego resultó en el exterminio del pueblo selknam u ona. En el caso de los mapuche, el Estado se constituyó sobre sus territorios ancestrales, los que les habían sido reconocidos por los españoles a través de parlamentos, mediante el copamiento militar y la radicación forzada de sus comunidades en menos de un 5% de sus tierras de ocupación ancestral.
A las políticas de asimilación forzada del siglo XIX, siguieron las de integración cultural del siglo XX, y más recientemente, aquellas impulsadas desde el Estado que han resultado en la expansión hacia sus comunidades de las inversiones forestales, hidroeléctricas, acuícolas, así como en la apropiación de sus recursos naturales.
Frente a la protesta social mapuche por la imposición de dichas inversiones, o los impactos ambientales y culturales que estas provocan en sus comunidades, a la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en los últimos años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel a decenas de mapuche acusados de cometer actos terroristas, hecho que ha preocupado a diversas instancias de derechos humanos de la ONU.
Es esta realidad la que 34 personas mapuche privadas de libertad en distintos penales del sur en virtud de procesos o condenas por hechos vinculados a la defensa de sus tierras, considerados por el Estado como terroristas, han dejado al descubierto a través de la huelga de hambre que impulsan, protesta que en los días del bicentenario superaba los 65 días de duración. La huelga mapuche tiene como fundamento el reclamo de un derecho humano básico, que ningún Estado que se precie de democrático puede desconocer: el derecho a un juicio justo. Los huelguistas mapuche exigen además, el término de los abusos y maltratos de agentes del Estado en contra de sus comunidades, los que han causado la muerte o afectado la integridad física y síquica de quienes las integran, incluyendo niños y ancianos. La actitud del mundo político frente a esta ya larga huelga ha dejado mucho que desear; basta señalar que hasta un par de semanas antes del bicentenario, tanto el gobierno como la oposición habían prestado poca atención a los mapuche y a sus demandas. Así, mientras el gobierno se negaba a todo diálogo e impulsaba acciones judiciales para alimentar forzadamente a los huelguistas, sectores de la oposición condicionaban el debate de los temas planteados por los mapuche al término de la huelga de hambre. Parte importante de la prensa, además, silenció esta huelga, posiblemente pensando que ello terminaría por desmotivarla.
A pesar de ello, los presos mapuche prosiguieron la huelga, con la convicción de estar demandando lo justo. El inminente riesgo de muerte de los huelguistas y el temor a que ella opacase las celebraciones del bicentenario, como si estas no hubiesen sido bastante opacas, llevó al gobierno -luego de haber trascurrido más de 50 días de huelga- a presentar dos iniciativas legales; la primera para reforma la ley antiterrorista que se les aplica, y la otra para la reforma de la justicia militar que conoce algunas de las causas que se siguen en su contra. Posiblemente el mismo temor llevó a muchos en la oposición concertacionista a apoyar -tardíamente- las demandas de los huelguistas, y a reconocer que la aplicación de ley antiterrorista en los procesos que se siguieron en su contra bajo las administraciones de Lagos y Bachelet, fue errada.

Mesa de diálogo

Aunque los proyectos de reforma legal presentados por el ejecutivo para estos efectos presentaban serias deficiencias desde la perspectiva de los derechos humanos -al mantener como delitos terroristas acciones que no necesariamente tienen tal carácter, como el delito de incendio; o al mantener la competencia de la justicia militar para conocer los delitos que militares cometen en contra de civiles-, ellos abrieron las puertas a un debate en el parlamento sobre las causas detrás de los conflictos que han llevado a los mapuche a la cárcel, y sobre los mecanismos para poner término a su juzgamiento arbitrario.
En días previos al bicentenario, además, el gobierno accedió públicamente a establecer una mesa de diálogo exigida por los mapuche en huelga de hambre con sus representantes y abogados, y la Iglesia Católica manifestó su disposición a actuar como facilitadora de dicho diálogo.
Lamentablemente, las esperanzas que los anuncios del ejecutivo pudieron haber generado en los mapuche en huelga de hambre se han visto frustradas en los últimos días. Ello en primer término por el anuncio realizado por el presidente Piñera en el marco de las celebraciones del bicentenario de conformar una mesa de dialogo con representantes mapuche en torno al Plan Araucanía, iniciativa incluida en su programa de gobierno a instancias de sectores empresariales, omitiendo toda referencia o inclusión a los urgentes problemas planteados por los huelguistas mapuche.

Plan Araucanía

Dicho plan se orienta a promover la superación de la pobreza que afecta a la región, y particularmente a los mapuche, a través de la inversión pública y privada, del fortalecimiento del desarrollo productivo, fomentando la inserción regional en los mercados nacionales y globales. Tal propuesta se basa en la premisa errónea de que los problemas que afectan al pueblo mapuche y su relación con el Estado están únicamente vinculados a su condición de pobreza y que estos se resuelven con la inyección de recursos económicos y el desarrollo productivo. No se aborda en ella otras dimensiones de los problemas de relacionamiento entre éste y otros pueblos indígenas con el Estado chileno, tales como la necesidad de restituir sus tierras, territorios y recursos de propiedad legal y/o ancestral que les han sido usurpadas, la de su exclusión de las instancias en las que se toman decisiones sobre los temas que les conciernen, o el desconocimiento de su derecho a asumir el control de sus propios asuntos en materias políticas, económicas y culturales.
No se trata de cuestionar la necesidad de que el gobierno impulse el diálogo y la consulta con los pueblos los indígenas cuando proponga iniciativas como el Plan Araucanía u otras medidas administrativas o legislativas susceptible de afectarles. Por el contrario, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile, está obligado a ello. Sin embargo, tal como lo señala el mismo Convenio 169, uno de los requisitos de todo diálogo o consulta con los pueblos indígenas es que éste sea realizado de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias (art. 6.2).
Un análisis más profundo del diálogo propuesto por el presidente Piñera, en el contexto del bicentenario en torno al Plan Araucanía, nos lleva a concluir que éste no cumple con estos requisitos esenciales de toda consulta de conformidad con el Convenio 169. Ello por cuanto al no abordar la problemática de los presos mapuche en huelga de hambre, distrae la atención de su crítica realidad de salud y de la urgente necesidad de dar respuesta a sus exigencias de justicia, relegando el diálogo con ellos a un segundo plano, como en la práctica ha ocurrido.
La mesa de diálogo propuesta por el gobierno, además, no es apropiada a las circunstancias, ya que, como bien saben sus autoridades, ellas requieren de la atención urgente de la problemática que afecta a los presos mapuche, y de la solución de sus demandas de justicia, única forma de contribuir verdaderamente a promover el anhelado “reencuentro histórico” con el pueblo mapuche y otros pueblos indígenas en el año del bicentenario.
Las posibilidades de una solución a las demandas de los presos mapuche, y con ello a la huelga se han visto seriamente deterioradas además por la negativa del ejecutivo a aceptar los cambios introducidos en el Congreso por parlamentarios vinculados a la defensa de los derechos humanos a los proyectos de reforma legal que este propusiera. En efecto, la eliminación de los delitos en contra de la propiedad como delitos terroristas, la limitación introducida a la facultad de los particulares para interponer acciones por delitos terroristas, y las limitaciones en el plazo de las policías para poner a los detenidos por estos delitos a disposición de la justicia, fueron eliminadas en la tramitación del proyecto de ley antiterrorista en la Cámara a instancias del ejecutivo. Con ello se diluye la posibilidad de que los proyectos de reforma legal den respuesta a las demandas mapuche, y por lo mismo, permitan superar la huelga de hambre.
Lejos de abordarse esta herida de Chile en el marco del bicentenario ella se ve profundizada como consecuencia de la actitud del gobierno de Piñera. Mientras Chile siga maltratando a sus habitantes más antiguos, como nos dijera hace pocos años el fallecido Premio Nobel de Literatura José Saramago, mientras se siga identificando como un “Estado-nación” y no reconozca plenamente la diversidad étnica y cultural que representan los pueblos indígenas, así como los derechos que les corresponden como tales, lamentablemente se mantendrá la herida que la huelga dejó al descubierto.

*Co Director Observatorio Ciudadano

© Le Monde Diplomatique, edición chilena