Buenos Aires, 1º de diciembre
de 2017
Señor Secretario de Derechos
Humanos
Lic. Claudio Abruj
S.D.
Señor Secretario:
Se
ha circulado a los jueces de la Corte que integro copia de una
curiosa nota con su firma, que considero personal, porque aunque Ud.
manifiesta la preocupación del Estado Argentino y dice que lo
representa, me permito recordarle que, conforme a nuestra
Constitución Nacional, las Relaciones Exteriores están a cargo del
Poder Ejecutivo que, como todos sabemos, es unipersonal, lo que no
puede desvirtuar ninguna ley ni ningún decreto de delegación
general, sin que invoque tampoco orden o instrucción del Ejecutivo
Nacional.
Siento profunda pena por el
contenido de la nota, que no hace más que deteriorar la imagen de mi
Patria en el plano internacional, porque se suma a otros episodios
lamentables, como asumir ante la Corte Interamericana como posición
del Estado Argentino la insólita tesis de la Corte Suprema, que se
erige en juez de la competencia internacional, lo que de admitirse
implicaría la quiebra total del sistema de Derechos Humanos, puesto
que cada Estado estaría en condiciones de considerar incompetentes a
los órganos jurisdiccionales internacionales cada vez que sus
decisiones le fuesen adversas.
Conforme al derecho
internacional, si acaso esos órganos excediesen su competencia, la
decisión al respecto corresponde a la Asamblea de la Organización
de los Estados Americanos y, en modo alguno, a los tribunales
supremos nacionales o a los Estados.
Me imputa Ud. en su nota ser
un opositor a la actual administración argentina. Pues sí, Sr.
Secretario, en efecto, considero que el actual gobierno es el peor
que hemos tenido los argentinos desde la vuelta a la democracia hace
treinta y cuatro años. Es verdad –y no le quepa duda- que soy un
opositor.
No obstante, no estoy
afiliado a ningún partido político, no fui ni soy candidato a nada,
no participo en ninguna campaña electoral, no aporto a ningún
partido o movimiento partidario, aunque conservo el derecho ciudadano
e inalienable a expresar mis opiniones e incluso mis simpatías. Por
ende, Sr. Secretario, no hago política partidista.
Mi único compromiso es con
el derecho y con los Derechos Humanos, y desde esa posición, con
cincuenta y cuatro años de abogado, cuatro décadas de juez, otras
tantas de profesor de derecho y escritor de temas jurídicos, me
permito reafirmar todos mis anteriores juicios
En ningún momento he puesto
en duda la legitimidad electoral del actual gobierno, pero eso no me
inhabilita para reprocharle el creciente deterioro del Estado de
Derecho, pues nuestra democracia no es plebiscitaria, o sea que,
conforme a nuestras leyes, todo gobierno democráticamente electo
debe ejercer el mandato popular dentro de los límites normativos
constitucionales e internacionales.
Mis juicios no son gratuitos,
sino que se fundan en hechos concretos, con múltiples ejemplos, de
los cuales puedo mencionar los siguientes, que son del dominio
público, algunos producidos por el Ejecutivo o por sus funcionarios
o voceros, otros por jueces de un Poder Judicial que se pretende
“depurar”, según expresiones de personas afines al oficialismo:
1) Tentativa de nombrar a dos
ministros de la Corte Suprema “en comisión” por vía de decreto,
lo que nunca se hizo en toda nuestra historia.
2) Acallar la voz de
periodistas críticos de los medios de comunicación, por presión
sobre éstos; la más notoria y descarada exclusión: Víctor Hugo
Morales.
3) Juicios políticos a los
jueces que no responden a las instrucciones del Ejecutivo, en razón
del contenido de sus sentencias.
4) Demorar con artilugios
durante horas la incorporación de un Senador Nacional al Consejo de
la Magistratura, para evitar que vote contra el juicio político a un
juez de la Cámara Federal.
5) Manifestar públicamente el
Ejecutivo que desea “jueces propios”.
6) Disponer prisiones
preventivas cuando no median riesgos de fuga ni de perturbación de
la investigación, en supuestos delitos cuya prueba se agota
documentalmente.
7) Cuantificar en unas 650
personas como los molestos al gobierno, a quienes habría que mandar
en un “cohete a la luna”, dicho por el Ejecutivo. 8) Calificar
públicamente a todos los laboralistas como “mafiosos”, por parte
del Ejecutivo.
9) Denostar a jueces de la
Cámara del Trabajo, de larga trayectoria y consolidado respeto, por
el contenido de sus sentencias favorables a trabajadores.
10) Detener a opositores y
mostrarlos descalzos y en pijama a todos los medios televisivos,
cuando nunca se lo ha hecho con ningún delincuente, con la única
disculpa del juez interviniente, alegando que estaba “presionado”.
11) Disfrazar con diversas
prendas a los opositores detenidos con excusa de seguridad y
mostrarlos de este modo a los medios masivos.
12) Coaccionar de todas formas
a la Sra. Procuradora General de la Nación, funcionaria de larga
carrera, hasta provocar su renuncia.
13) Proyectar una ley de
Ministerio Público que lo somete prácticamente a la voluntad del
Ejecutivo y disponer el cese de gran parte del personal, lo que
implica controlar la impunidad.
14) Ejercer en reiteradas
ocasiones represión en forma irracional, incluso disparando balas de
goma contra niños integrantes de una “murga”.
15) Mantener durante dos años
presa a Milagro Sala y a sus compañeros, cuando no están dados los
presupuestos legales, por parte de un Poder Judicial provincial
manipulado políticamente.
16) Ignorar las condiciones de
salud de Milagro Sala y desentenderse de sus autoagresiones, al
tiempo que la Corte Suprema no resuelve desde hace muchos meses su
situación, considerando que los expedientes “con preso”
tradicionalmente se han tratado con prioridad en todos los estrados.
17) Mostrar imágenes con
mensajes que no corresponden a la realidad: piscinas para niños como
de residencia privada, dinero retirado legalmente del banco como
robo, etc.
18) Intentar condonar una
cuantiosa deuda a la familia del Presidente.
19) Modificar el decreto
reglamentario del régimen de sinceramiento fiscal, permitiendo a los
familiares de funcionarios acceder a esa posibilidad.
20) Considerar que opera una
duda beneficiante para cualquier homicidio cometido por fuerzas de
seguridad, según la novedosa tesis de la Sra. Vicepresidenta de la
República.
21) Sostener que, en caso de
muerte policial, el Ejecutivo no investigará, sino que tendrá
siempre como verdad lo que afirmen los causantes de la muerte; esta
es otra original tesis, ahora expuesta por la Sra. Ministra de
Seguridad, quien tiene el deber jurídico de controlar el buen y
legal funcionamiento de esas fuerzas.
22) Sentar como jurisprudencia
de Cámara Federal la presunción de que todo ex-funcionario puede
interferir investigaciones en su contra y, por esa razón, legitimar
su prisión preventiva, cuando es obvio que los funcionarios en
actividad disponen de una capacidad de encubrimiento mucho mayor. 23)
Pretender que puede cometerse el delito de traición a la Patria
cuando no hubo guerra, contra la definición limitativa expresa de la
Constitución Nacional vigente desde 1853 y jamás discutida por
nadie y tampoco usada antes contra nadie.
24) Dejar flotante la
cotización del dólar sin previo aviso, provocando una pérdida
considerable al Banco Central, con posible utilización de
información privilegiada por parte de funcionarios.
25) Reponer la pena de muerte
por vía administrativa, autorizando el derribo de aviones.
26) Trasladar jueces de
distintos tribunales por decreto del Ejecutivo, lo que no tiene
antecedente en toda la historia judicial.
27) Presionar a los
Gobernadores y por intermedio de ellos a los Diputados y Senadores de
las respectivas Provincias, mediante el manejo arbitrario de la
remisión de fondos y recortes a sus obras públicas.
28) Manifestaciones públicas
para desacreditar a las Universidades Nacionales y a los
investigadores científicos, recortes presupuestarios y persecución
judicial de Rectores, con notorio desmedro del derecho al desarrollo.
29) Represiones policiales en
concentraciones y procesamientos, con clarísimos indicios de
infiltración y provocadores.
30) Reforma por decreto de la
ley de migraciones, autorizando a una dependencia del Ejecutivo a
extinguir acciones penales.
31) Endeudar astronómicamente
a la Nación, a velocidad inusitada y sin precedentes, comprometiendo
por mucho mayor tiempo que el de su mandato la independencia
nacional.
32) Estigmatizar y
desacreditar públicamente a todo el sindicalismo argentino en
múltiples manifestaciones públicas.
En cuanto a su imputación
respecto de mis opiniones en torno a la muerte de Santiago Maldonado,
parece Ud. plegarse, Sr. Secretario, a la idea de que éste paseaba
por el borde de un río y de repente se zambulló voluntariamente en
las aguas frías con ropa de abrigo, en tanto que los medios
monopólicos que encubren los excesos de la actual administración
difundían la falsa noticia de que se hallaba en Entre Ríos o en
Chile, llevado por misteriosos camioneros no identificados.
Tampoco menciona Ud. el
reciente homicidio de un joven mapuche, con un disparo en “legítima
defensa” por la espalda y de abajo hacia arriba, mientras la Sra.
Ministra de Seguridad se atiene estrictamente a la versión de
quienes dispararon. Es tristísima la falta de respeto a un pueblo
originario, la estigmatización a que lo somete la administración de
la que Ud. forma parte, que parece ser continuación del genocidio
histórico de nuestros hermanos argentinos originarios, tildándolos
ahora de terroristas, imputación incluso desmentida por el pastor
católico de la zona.
El párrafo anteúltimo de su
curiosa carta es un insulto a mi persona y a todos mis colegas, pues
si bien dice saber que reglamentariamente no puedo intervenir en las
causas contra el Estado Argentino (me alegra que lo sepa) y, por lo
tanto, no puedo ser parcial en todo lo que a su administración pueda
interesar, veladamente da a entender que podría influir en mis
colegas. Nada lo autoriza, Sr. Secretario, a tomarse la atribución
de sospechar de todos nosotros, porque no soy un inmoral ni mis
distinguidos colegas -a los que también les falta el respeto-
admitirían semejante indecencia, por ser notorios juristas de larga
trayectoria y de seis países diferentes de nuestra región, a
quienes les sobra saber y ética. Por muy funcionario que Ud. sea,
Sr. Secretario, nada le da derecho a enlodar la trayectoria y la
integridad ética del prójimo.
Siento decirle que si alguna
duda quedaba acerca del grosero debilitamiento del Estado de Derecho
en nuestro país y de sus pulsiones de intolerancia al pluralismo
democrático, su escrito no hace más que confirmarlo, pues pretende
privarme del derecho constitucional y convencional a ejercer los
atributos de mi ciudadanía y, por ende, a expresar libremente mi
opinión como opositor, lo que no se le niega a ningún habitante en
un país que se pretende democrático.
Mi Patria es la de San
Martín, Belgrano, Moreno, Dorrego, Monteagudo, y también de Alberdi
y de nuestros líderes populares, es decir, de todos los que en una
durísima lucha de dos siglos largos, con avances y retrocesos,
lograron nuestra independencia para consagrar la soberanía popular,
que presupone el respeto a las libertades políticas, cuyo ejercicio
por mi persona ahora le resulta a Ud. molesto. Le ruego que me
disculpe, pero no puedo en este momento de regresión protagonizado
por la administración de la que Ud. forma parte, dejar de ser
opositor y ejercer toda la resistencia pacífica y no violenta que
pueda, sin traicionar mi sentimiento de Patria y la sagrada memoria
de nuestros mayores.
Señor Secretario: deploro
profundamente sus líneas, no obstante lo cual, no dejo de saludarlo
atentamente, con mi más distinguida consideración.
E. Raúl Zaffaroni
