Por decreto el gobierno nacional hipotecó las riquezas naturales como
garantía de la deuda externa
Eduardo S. Barcesat*
No satisfecho el Presidente Ingº Mauricio Macri con la ruinosa negociación
con los fondos buitres, tal como surge del informe elaborado por los peritos de
la CSJN en la Causa Nº 2752/2016, informe que fuera retomado por el Fiscal
Federal Dr. Federico Delgado (26/11/2016) para solicitar las primeras
indagatorias, ahora el Ingº Macri ha profundizado el endeudamiento y la
sujeción a futuro de generaciones de argentinos, al comprometer, en todos los
endeudamientos pactados en el curso del año 2017 (Decretos 29, 231 y sus
resoluciones derivadas), como respaldo de los pagos de servicios e intereses,
el conjunto de los recursos y riquezas naturales, que de conformidad con las
dos cláusulas iniciales de los Pactos Internacionales de derechos Humanos de la
ONU, que integran la Ley Suprema de la Nación (art. 75, incº 22º, C.N.), son de
titularidad de los pueblos; no de los Estados, ni de los Gobiernos, sino de los
pueblos –todos nosotros-.
Se ha resignado, por el Gobierno Macri, la inmunidad soberana del Estado
sobre este universo de recursos y riquezas naturales, que es comprometer los
inmensos yacimientos de minerales estratégicos para el desarrollo científico (sílice,
litio, tungsteno, entre otros), a las resultas de una deuda pública, externa e
interna, que ha crecido desaforadamente en los 16 meses del gobierno macrista
(ciento diez mil millones de dólares estadounidenses).
A este panorama de indudable colonialismo económico, deben sumársele dos
agravantes; el primero de ellos, que junto con la concertación de deuda se ha
enajenado nuestra soberanía jurisdiccional y legislativa.
En efecto, se pacta la jurisdicción de tribunales extranjeros que no
aplican la ley ni la doctrina argentinas, prosiguiendo así la “doctrina”
Martínez de Hoz impuesta durante la dictadura cívico-militar (Art. 1º del Cód.
de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, que no ha sido anulado ni
derogado, hasta aquí).
El segundo agravante es que durante el gobierno macrista se ha incrementado
notablemente la fuga de capitales desde la Argentina. Según Tax Justice
Network, prestigiosa ONG especializada en el tema fuga de capitales, la
Argentina lleva acumulados cuatrocientos cuarenta mil millones de dólares
estadounidenses, refugiados en cuevas fiscales, al amparo de sociedades “off
shore” y de legislaciones bancarias secretas; esto es, el equivalente a uno de
los mejores años de producto bruto interno.
En lugar de ocuparse de repatriar esa inmensa masa de divisas, el gobierno
macrista se ha encargado, solamente, de dictar una normativa exculpatoria para
aquellos que sinceraron los capitales fugados, sin repatriarlos, y pagando un
interés inferior al que hubiere correspondido, sin computar moratorios ni
punitorios. Y todavía se congratulan de esta “patriada”.
De allí la pertinencia del pedido de investigación, por mal desempeño y
posible comisión de delitos que se ha radicado, por un importante número de
Diputados, para oportunamente formalizar el juicio político tendiente a su
remoción. Debemos tener presente que el derecho del pueblo argentino, de
resistir a la opresión, está consagrado por el art. 36 de la C.N.
(*) Profesor Titular Consulto, Facultad de Derecho, UBA
Directivo del Instituto Arturo E. Sampay
catedralibreallende@gmail.com
